La lucha contra el tráfico ilegal de niños y la prostitución infantil destacan entre los puntos que debatirá la próxima semana aquí un Congreso internacional sobre los derechos jurídicos del menor. El III Encuentro Internacional sobre la Protección Jurídica de los Derechos del Menor sesionará en esta capital del 3 al 6 de noviembre, con expertos de una veintena de países.
La Fiscalía General de la República de Cuba y el Instituto de Desarrollo e Investigaciones del Derecho co-auspician la cita, que reunirá a unos 200 delegados, entre abogados, jueces, fiscales, criminólogos, médicos, sociólogos, psicólogos y pedagogos.
El programa incluye una intervención especial de la doctora Rosa María Ortiz, vicepresidenta del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas.
También se destaca un taller a propósito del vigésimo aniversario de la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño, rubricada por todos los países miembros, menos Estados Unidos y Somalia.
Sin embargo, la falta de políticas de acción empeora la situación de los niños a escala global, haciéndolos más vulnerables al hambre, la pobreza, la exclusión, las enfermedades, la explotación, el abuso, el analfabetismo y otras calamidades.
Entre los temas de reflexión y debate figuran el tráfico ilegal y la explotación sexual y laboral de menores, la violencia intrafamiliar y el maltrato infantil, y protección jurídica a los menores refugiados y durante la guerra.
lunes, 2 de noviembre de 2009
jueves, 22 de octubre de 2009
El 'violador del búho' acepta 233 años de cárcel por 18 agresiones
Las víctimas admiten una pena menor para no declarar
Lo que querían era irse a sus casas y olvidar. Este era el estado de las 18 jóvenes víctimas de un agresor sexual que acudieron ayer a declarar a la Audiencia Provincial de Madrid, relata Tina Alarcón, presidenta de la Asociación de Asistencia a Mujeres Violadas. A las jóvenes, tres de ellas menores cuando fueron agredidas, les tocaba rememorar ante el juez el momento en que fueron agredidas por un "auténtico depredador", en palabras de Alarcón. Sobre el acusado, Isaac Plaza Cristóbal, de 31 años, en prisión desde enero de 2008, pesaba una petición del fiscal de 240 años de cárcel por las agresiones sexuales cometidas entre 2001 y 2007.
Isaac Plaza agredió en siete años a 18 mujeres, algunas menores.
Empezó el juicio, que se celebraba a puerta cerrada a petición de algunas de las víctimas, y el acusado confesó. Plaza reconoció todos los hechos que se le imputaban, según fuentes judiciales. En total, 17 delitos de violación, una agresión sexual, tres delitos de robo y dos de lesiones. Las abogadas de las víctimas acordaron con la fiscal reducir en seis meses cada pena de 14 años que se le pedía por los delitos cometidos con violencia. En total, 233 años, siete menos de los 240 que pedía la fiscalía. Un ajuste con el que evitaban que las mujeres tuvieran que pasar el trago de declarar ante el tribunal. Ellas estuvieron de acuerdo. Lo único que tuvieron que hacer fue ratificarse en las denuncias que habían puesto en su día en comisaría. Cuando acabó de hacerlo la última víctima, el resto la recibió con aplausos. Las mujeres esperaron a que el acusado abandonara la sala para gritarle "cerdo", "hijo de puta", "ojalá te mueras". Y pudieron irse a sus casas.
Isaac Plaza, conocido como el violador del búho porque asaltaba a muchas de sus víctimas al bajar del autobús nocturno, era uno de los violadores múltiples más buscados por la policía. Atacaba casi siempre de noche, llevaba a las víctimas a una zona aislada, amenazándolas a veces con una navaja, y las violaba reiteradamente. En alguno de sus ataques se ocultaba con un pasamontañas. El agresor pedía insistentemente a sus víctimas que no le mirasen y también las amenazaba para que no contasen lo sucedido. Actuó durante siete años.
En las bases de datos policiales había muestras de semen de un individuo al que apresaron ocho años después de su primer ataque, relata Alarcón. En parte gracias a la última de sus víctimas. La chica, entonces menor, asesorada por su padre aceptó una segunda cita con su agresor. Acudió a ella acompañada por la policía. Cuando identificaron al sujeto, descubrieron que no era la primera vez que violaba a una chica joven en Madrid.
"Tiene el típico perfil de violador reincidente", señala Alarcón. Era calculador. "Seguía una táctica. Incluso tenía novia", añade. "Desgraciadamente, no hemos encontrado la manera de que estos sujetos no reincidan al salir de la cárcel". Por eso, opina esta especialista en agresiones sexuales, la acusación ha solicitado al tribunal que aplique la llamada doctrina Parot para que el imputado cumpla íntegramente la máxima pena que permite el Código Penal (30 años). Esta doctrina fue aplicada por primera vez por el Tribunal Supremo a un agresor múltiple en 2008.
El juicio continuará el jueves con las pruebas periciales y las conclusiones, en las que las partes, si lo consideran oportuno, pueden volver a cambiar las penas que solicitan.
Lo que querían era irse a sus casas y olvidar. Este era el estado de las 18 jóvenes víctimas de un agresor sexual que acudieron ayer a declarar a la Audiencia Provincial de Madrid, relata Tina Alarcón, presidenta de la Asociación de Asistencia a Mujeres Violadas. A las jóvenes, tres de ellas menores cuando fueron agredidas, les tocaba rememorar ante el juez el momento en que fueron agredidas por un "auténtico depredador", en palabras de Alarcón. Sobre el acusado, Isaac Plaza Cristóbal, de 31 años, en prisión desde enero de 2008, pesaba una petición del fiscal de 240 años de cárcel por las agresiones sexuales cometidas entre 2001 y 2007.
Isaac Plaza agredió en siete años a 18 mujeres, algunas menores.
Empezó el juicio, que se celebraba a puerta cerrada a petición de algunas de las víctimas, y el acusado confesó. Plaza reconoció todos los hechos que se le imputaban, según fuentes judiciales. En total, 17 delitos de violación, una agresión sexual, tres delitos de robo y dos de lesiones. Las abogadas de las víctimas acordaron con la fiscal reducir en seis meses cada pena de 14 años que se le pedía por los delitos cometidos con violencia. En total, 233 años, siete menos de los 240 que pedía la fiscalía. Un ajuste con el que evitaban que las mujeres tuvieran que pasar el trago de declarar ante el tribunal. Ellas estuvieron de acuerdo. Lo único que tuvieron que hacer fue ratificarse en las denuncias que habían puesto en su día en comisaría. Cuando acabó de hacerlo la última víctima, el resto la recibió con aplausos. Las mujeres esperaron a que el acusado abandonara la sala para gritarle "cerdo", "hijo de puta", "ojalá te mueras". Y pudieron irse a sus casas.
Isaac Plaza, conocido como el violador del búho porque asaltaba a muchas de sus víctimas al bajar del autobús nocturno, era uno de los violadores múltiples más buscados por la policía. Atacaba casi siempre de noche, llevaba a las víctimas a una zona aislada, amenazándolas a veces con una navaja, y las violaba reiteradamente. En alguno de sus ataques se ocultaba con un pasamontañas. El agresor pedía insistentemente a sus víctimas que no le mirasen y también las amenazaba para que no contasen lo sucedido. Actuó durante siete años.
En las bases de datos policiales había muestras de semen de un individuo al que apresaron ocho años después de su primer ataque, relata Alarcón. En parte gracias a la última de sus víctimas. La chica, entonces menor, asesorada por su padre aceptó una segunda cita con su agresor. Acudió a ella acompañada por la policía. Cuando identificaron al sujeto, descubrieron que no era la primera vez que violaba a una chica joven en Madrid.
"Tiene el típico perfil de violador reincidente", señala Alarcón. Era calculador. "Seguía una táctica. Incluso tenía novia", añade. "Desgraciadamente, no hemos encontrado la manera de que estos sujetos no reincidan al salir de la cárcel". Por eso, opina esta especialista en agresiones sexuales, la acusación ha solicitado al tribunal que aplique la llamada doctrina Parot para que el imputado cumpla íntegramente la máxima pena que permite el Código Penal (30 años). Esta doctrina fue aplicada por primera vez por el Tribunal Supremo a un agresor múltiple en 2008.
El juicio continuará el jueves con las pruebas periciales y las conclusiones, en las que las partes, si lo consideran oportuno, pueden volver a cambiar las penas que solicitan.
jueves, 15 de octubre de 2009
Prostitutas dominicanas emigran a Costa Rica
Docenas de prostitutas dominicanas están emigrando a Costa Rica en busca de nuevos mercados, según un reporte reciente de The Miami Herald. El rotativo dice que la recesión está creando un caldo de cultivo para el oficio más antiguo del mundo, cuyas “trabajadores” sexuales se están dirigiendo al Sur.Indica que la mayoría de mujeres dominicanas, huyen del desempleo en su país, añadiendo un efecto de estímulo sexual en la industria del turismo de América Latina. Sostiene que al igual que las dominicanas, cientos de colombianas, están escogiendo el mismo destino geográfico.
“Están emigrando en masa especialmente a San José en busca de aumentar sus ingresos, ejerciendo el oficio más antiguo del mundo”, agrega el periódico. Recuerda que en Costa Rica, por más de un siglo, la prostitución no había sido regulada por los gobiernos del país latinoamericano que sigue siendo considerado como la “Suiza de América”.
Por décadas, Costa Rica, ha sido uno de los principales centros de la prostitución internacional. “Ahora, como resultado de la recesión, cientos de mujeres, están empacando y mudándose desde su países a Costa Rica”, indica el informe periodístico.
Explica que la afluencia de mujeres está poniendo presión sobre las tarifas que las prostitutas pueden cobrar por sus servicios sexuales. Algunas de ellas han tenido que reducir sus cobros hasta en un 50%.
El diario entrevistó a la meretriz dominicana identificada sólo como “Mayela” quien dijo que “el negocio va mal y a veces no ganamos lo suficiente ni siquiera para tomar un taxi de regreso a la casa”. El rotativo dijo que un 90% más de niñas y adolescentes prostitutas, se han sumado a esa industria en Costa Rica, la mayoría extranjeras.
“Mayela” se la busca en uno de los principales puntos de prostitución conocido como “Key Largo” (Cayo Largo) situado en San José.
jueves, 8 de octubre de 2009
En 10 años aumentó 62% el consumo de drogas entre los adolescentes en Argentina
El consumo de drogas ilegales entre adolescentes aumentó un 62 por ciento en los últimos diez años en Argentina, donde se debate la despenalización del uso de estupefacientes, indicó un sondeo divulgado hoy por la prensa local.
Un 14,6 por ciento de estudiantes de escuelas secundarias reconoció haber consumido drogas, mientras que en 1999 lo había admitido un 8,98 por ciento, sostuvo una encuesta del Instituto Superior de Ciencias de la Salud difundida por el diario La Nación.
En este sentido, el consumo de alcohol se incrementó un 26 por ciento en los últimos diez años, pero el tabaco descendió un 7 por ciento a raíz de las campañas contra el cigarrillo, según el estudio realizado en 2.752 jóvenes de la provincia de Buenos Aires, donde se registran los mayores índices de adicciones.
Del total de jóvenes que admitieron consumir drogas, en su mayoría de entre 16 y 18 años, el 96 por ciento manifestó que toma marihuana, en tanto que el 51,6 por ciento reconoció que es muy accesible la compra de estupefacientes.
El Gobierno argentino creó el año pasado un Comité Asesor integrado por jueces, fiscales, sociólogos y especialistas en drogadicción y narcotráfico con el fin de elaborar un proyecto de ley para la despenalización del consumo de drogas que será girado al Parlamento.
Además, a finales de agosto último la Corte Suprema de Justicia exculpó a cinco jóvenes que habían sido condenados por llevar cigarrillos de marihuana y declaró inconstitucional la sanción penal a la tenencia de drogas para consumo personal.
Un 14,6 por ciento de estudiantes de escuelas secundarias reconoció haber consumido drogas, mientras que en 1999 lo había admitido un 8,98 por ciento, sostuvo una encuesta del Instituto Superior de Ciencias de la Salud difundida por el diario La Nación.
En este sentido, el consumo de alcohol se incrementó un 26 por ciento en los últimos diez años, pero el tabaco descendió un 7 por ciento a raíz de las campañas contra el cigarrillo, según el estudio realizado en 2.752 jóvenes de la provincia de Buenos Aires, donde se registran los mayores índices de adicciones.
Del total de jóvenes que admitieron consumir drogas, en su mayoría de entre 16 y 18 años, el 96 por ciento manifestó que toma marihuana, en tanto que el 51,6 por ciento reconoció que es muy accesible la compra de estupefacientes.
El Gobierno argentino creó el año pasado un Comité Asesor integrado por jueces, fiscales, sociólogos y especialistas en drogadicción y narcotráfico con el fin de elaborar un proyecto de ley para la despenalización del consumo de drogas que será girado al Parlamento.
Además, a finales de agosto último la Corte Suprema de Justicia exculpó a cinco jóvenes que habían sido condenados por llevar cigarrillos de marihuana y declaró inconstitucional la sanción penal a la tenencia de drogas para consumo personal.
sábado, 26 de septiembre de 2009
Esclavas del sexo y del desamparo en Guatemala
La oficina del Defensor del Pueblo denuncia la impunidad de las mafias que explotan a las mujeres. Guatemala, como país de paso obligado para los emigrantes que pretenden llegar clandestinamente a Estados Unidos, se ha convertido en un lugar privilegiado para la explotación sexual de mujeres. Muchas de ellas son adolescentes de 12 o 13 años, engañadas en sus países de origen (El Salvador, Honduras y Nicaragua, mayoritariamente), donde se les ofrecen trabajos como empleadas domésticas o dependientas de comercio, para luego, lejos de sus familias, ser obligadas a ejercer la prostitución en bares y burdeles.
Así lo denunció el martes la oficina del Defensor del Pueblo guatemalteco. En una conferencia de prensa convocada con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y Trata de Mujeres, Niñas y Niños, la defensora de los Derechos de la Mujer, Ana Gladys Ollas, señaló que se trata de un negocio sumamente lucrativo y "con escasos riesgos para las organizaciones que lo realizan". Puntualizó que en este país existen escasos registros sobre el número de mujeres, niñas, niños y adolescentes que son explotados sexualmente, "pero la condición geográfica de un país de tránsito y origen de migrantes" lo hace muy vulnerable al negocio de la trata de personas, "especialmente en la explotación sexual".
A este respecto, Ollas cita un estudio de la Asociación para la Eliminación de la Prostitución, Pornografía y Tráfico Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes de Guatemala, según el cual "el 70% de las mujeres que son explotadas en prostíbulos de la Ciudad de Guatemala se ubican entre los 13 y los 25 años de edad", y subraya que un 63% de las mismas son originarias de El Salvador, Honduras y Nicaragua. "El 16% de las víctimas se inició antes de los 18 años, y algunas de ellas, desde los 12", señaló.
La pobreza y la hambruna son las causas últimas de esta lacra. "La mayoría de las personas que son sometidas a la trata sexual son mujeres, niñas y adolescentes, lo que revela contradicciones por razones de sexo, raza y baja condición económica, extremo que constituye una grave violación de los derechos humanos de las víctimas", se lee en un comunicado de prensa de la oficina del Defensor del Pueblo.
La vulnerabilidad de las víctimas llega a tal extremo que ni siquiera hay estadísticas oficiales. Un estudio del Programa Conjunto de Naciones Unidas para el VIH y Sida (Onusida) estima en 35.000 el número de mujeres víctimas de la explotación sexual. Unas 8.000 se encuentran en la Ciudad de Guatemala, donde 2.000 son menores de edad, de acuerdo a la estimación del organismo mundial. Pero es en las provincias y ciudades fronterizas, particularmente con México, donde se registra el mayor nivel de incidencia.
Así lo denunció el martes la oficina del Defensor del Pueblo guatemalteco. En una conferencia de prensa convocada con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y Trata de Mujeres, Niñas y Niños, la defensora de los Derechos de la Mujer, Ana Gladys Ollas, señaló que se trata de un negocio sumamente lucrativo y "con escasos riesgos para las organizaciones que lo realizan". Puntualizó que en este país existen escasos registros sobre el número de mujeres, niñas, niños y adolescentes que son explotados sexualmente, "pero la condición geográfica de un país de tránsito y origen de migrantes" lo hace muy vulnerable al negocio de la trata de personas, "especialmente en la explotación sexual".
A este respecto, Ollas cita un estudio de la Asociación para la Eliminación de la Prostitución, Pornografía y Tráfico Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes de Guatemala, según el cual "el 70% de las mujeres que son explotadas en prostíbulos de la Ciudad de Guatemala se ubican entre los 13 y los 25 años de edad", y subraya que un 63% de las mismas son originarias de El Salvador, Honduras y Nicaragua. "El 16% de las víctimas se inició antes de los 18 años, y algunas de ellas, desde los 12", señaló.
La pobreza y la hambruna son las causas últimas de esta lacra. "La mayoría de las personas que son sometidas a la trata sexual son mujeres, niñas y adolescentes, lo que revela contradicciones por razones de sexo, raza y baja condición económica, extremo que constituye una grave violación de los derechos humanos de las víctimas", se lee en un comunicado de prensa de la oficina del Defensor del Pueblo.
La vulnerabilidad de las víctimas llega a tal extremo que ni siquiera hay estadísticas oficiales. Un estudio del Programa Conjunto de Naciones Unidas para el VIH y Sida (Onusida) estima en 35.000 el número de mujeres víctimas de la explotación sexual. Unas 8.000 se encuentran en la Ciudad de Guatemala, donde 2.000 son menores de edad, de acuerdo a la estimación del organismo mundial. Pero es en las provincias y ciudades fronterizas, particularmente con México, donde se registra el mayor nivel de incidencia.
El desamparo de estas esclavas sexuales llega a tal extremo que la policía, lejos de perseguir a los proxenetas, castiga a sus víctimas y comete toda clase de tropelías, como las deportaciones masivas o su mantenimiento en prisión durante largos periodos de tiempo, sin acceso alguno a la justicia.
"La policía abusa, en una mala interpretación de la ley. Hay operativos claramente violatorios de los derechos humanos, y deportaciones masivas de extranjeras, después de mantenerlas hasta tres semanas detenidas en condiciones infrahumanas y sin acceso a tribunales o a un defensor", puntualiza Karina Ortega, directora de la Asociación de Salud Integral para las Prostitutas, quien añade que las autoridades "se ceban en contra de las mujeres y dejan impunes a los proxenetas".
Ortega lamenta que en Guatemala no exista un albergue para proteger a las víctimas. "Si no hay nada parecido para atender a las menores de edad, el abandono para quienes ya superan los 18 años es total". Agrega que su organización trabaja en la celebración de talleres para que las prostitutas conozcan la legislación y su correcta interpretación.
Todo lo anterior se agrava por la ausencia de denuncias, una conducta que Ortega explica por "la cultura del silencio" que mantienen las mujeres centroamericanas, secularmente maltratadas, y un miedo paralizante a ser víctimas de represalias, "porque los dueños y encargados de los prostíbulos mantienen una vinculación muy estrecha con algunos jefes de la policía".
"La policía abusa, en una mala interpretación de la ley. Hay operativos claramente violatorios de los derechos humanos, y deportaciones masivas de extranjeras, después de mantenerlas hasta tres semanas detenidas en condiciones infrahumanas y sin acceso a tribunales o a un defensor", puntualiza Karina Ortega, directora de la Asociación de Salud Integral para las Prostitutas, quien añade que las autoridades "se ceban en contra de las mujeres y dejan impunes a los proxenetas".
Ortega lamenta que en Guatemala no exista un albergue para proteger a las víctimas. "Si no hay nada parecido para atender a las menores de edad, el abandono para quienes ya superan los 18 años es total". Agrega que su organización trabaja en la celebración de talleres para que las prostitutas conozcan la legislación y su correcta interpretación.
Todo lo anterior se agrava por la ausencia de denuncias, una conducta que Ortega explica por "la cultura del silencio" que mantienen las mujeres centroamericanas, secularmente maltratadas, y un miedo paralizante a ser víctimas de represalias, "porque los dueños y encargados de los prostíbulos mantienen una vinculación muy estrecha con algunos jefes de la policía".
lunes, 21 de septiembre de 2009
Detenidas en Murcia y Alicante 20 personas que traficaban con drogas
La Policía ha detenido en las provincias de Murcia y Alicante a una veintena de personas que integraban un grupo dedicado al tráfico y distribución de drogas en la Región, a los que se les han incautado nueve kilos de cocaína procedentes de Colombia que estaban destinados a la venta en localidades murcianas.
El portavoz de este cuerpo, Javier de Pedro, ha explicado hoy en rueda de prensa que el grupo disponía de una infraestructura adecuada para introducir y distribuir importantes cantidades de droga en la Región y que, en el momento de la operación policial, sus integrante preparaban la importación de un envío de cocaína desde Sudamérica.
La operación, a cargo de la brigada provincial de la Policía Judicial, comenzó hace varios meses y se saldó, entre los días 12 y 16 de septiembre, con la detención de 20 personas, 18 de ellas de nacionalidad española y dos de ellos colombianos, a los que se les imputan delitos de tráfico de drogas, asociación ilícita y tenencia ilícita de armas.
Las detenciones y los registros correspondientes se realizaron en Murcia y en las localidades alicantinas de Elda y Villena.
Los agentes identificaron como líder de este grupo a un hombre, que responde a las iniciales R.P.M., de 31 años y nacionalidad española.
En el transcurso de la operación, los agentes interceptaron una transacción de estupefacientes entre dos de los integrantes de la organización, e incautaron siete paquetes que contenían 1.180 gramos de cocaína cada uno.
Posteriormente, los agentes realizaron siete registros en diversos domicilios en los que se incautaron 1.800 gramos más de cocaína, 300 gramos de "speed", ocho vehículos, una escopeta de repetición del calibre 12, un rifle del calibre 22, una ballesta y una pistola eléctrica.
Además, se intervinieron útiles empleados para la elaboración y manipulación de la cocaína, como balanzas de precisión, molinillos, selladoras y un gato hidraúlico.
El delegado del gobierno en Murcia, Rafael González Tovar, ha felicitado a la brigada de la policía judicial por su actuación y ha destacado que la droga incautada supondría en el mercado de 71.500 dosis que alcanzarían un valor de 1,2 millones de euros.
El portavoz de este cuerpo, Javier de Pedro, ha explicado hoy en rueda de prensa que el grupo disponía de una infraestructura adecuada para introducir y distribuir importantes cantidades de droga en la Región y que, en el momento de la operación policial, sus integrante preparaban la importación de un envío de cocaína desde Sudamérica.
La operación, a cargo de la brigada provincial de la Policía Judicial, comenzó hace varios meses y se saldó, entre los días 12 y 16 de septiembre, con la detención de 20 personas, 18 de ellas de nacionalidad española y dos de ellos colombianos, a los que se les imputan delitos de tráfico de drogas, asociación ilícita y tenencia ilícita de armas.
Las detenciones y los registros correspondientes se realizaron en Murcia y en las localidades alicantinas de Elda y Villena.
Los agentes identificaron como líder de este grupo a un hombre, que responde a las iniciales R.P.M., de 31 años y nacionalidad española.
En el transcurso de la operación, los agentes interceptaron una transacción de estupefacientes entre dos de los integrantes de la organización, e incautaron siete paquetes que contenían 1.180 gramos de cocaína cada uno.
Posteriormente, los agentes realizaron siete registros en diversos domicilios en los que se incautaron 1.800 gramos más de cocaína, 300 gramos de "speed", ocho vehículos, una escopeta de repetición del calibre 12, un rifle del calibre 22, una ballesta y una pistola eléctrica.
Además, se intervinieron útiles empleados para la elaboración y manipulación de la cocaína, como balanzas de precisión, molinillos, selladoras y un gato hidraúlico.
El delegado del gobierno en Murcia, Rafael González Tovar, ha felicitado a la brigada de la policía judicial por su actuación y ha destacado que la droga incautada supondría en el mercado de 71.500 dosis que alcanzarían un valor de 1,2 millones de euros.
martes, 15 de septiembre de 2009
Aumentan violaciones y odio racial
Nueva Jersey experimentó una reducción en los crímenes violentos y homicidios en 2008, pero hubo un alza en las violaciones sexuales y los delitos por motivos raciales, informó la fiscal general del estado, Anne Milgram.
De acuerdo con el Informe anual de Delincuencia 2008, los delitos violentos reflejaron una merma de uno por ciento y continúa la misma tendencia por séptimo año consecutivo.
La baja ocurrió en once de los 21 condados del estado: Atlantic, Bergen, Cape May, Cumberland, Hudson, Hunterdon, Mercer, Morris, Passaaic, Salem y Warren.
Mientras, los homicidios también disminuyeron uno por ciento, tendencia que se repite por segundo año consecutivo y la más baja desde 2002, según señaló Milgram en comunicado de prensa.
Destacó igualmente que en la primera mitad de este año se ha reducido el porcentaje de homicidios en Nueva Jersey, donde en los primeros seis meses se han registrado 158 casos, comparado con 209 durante el mismo periodo en 2008, para una baja de 24 por ciento.
La última vez que el número de asesinatos disminuyó en dos años consecutivos fue en 1999 cuando se registraron 287 casos, lo que contrastó con los años siguientes: en 2006 la cifra aumentó a 427 y en 2008 a 376, el número más bajo desde 2002, cuando hubo 341 asesinatos reportados por la policía.
Desde 2005 los incidentes de crímenes violentos han disminuido en 8.5 por ciento, de acuerdo con el informe anual, indicó la fiscal.
Según Milgram, la reducción obedece a la iniciativa contra la violencia de las pandillas callejeras y los delitos violentos que se puso en marcha hace dos años.
De acuerdo con el Informe anual de Delincuencia 2008, los delitos violentos reflejaron una merma de uno por ciento y continúa la misma tendencia por séptimo año consecutivo.
La baja ocurrió en once de los 21 condados del estado: Atlantic, Bergen, Cape May, Cumberland, Hudson, Hunterdon, Mercer, Morris, Passaaic, Salem y Warren.
Mientras, los homicidios también disminuyeron uno por ciento, tendencia que se repite por segundo año consecutivo y la más baja desde 2002, según señaló Milgram en comunicado de prensa.
Destacó igualmente que en la primera mitad de este año se ha reducido el porcentaje de homicidios en Nueva Jersey, donde en los primeros seis meses se han registrado 158 casos, comparado con 209 durante el mismo periodo en 2008, para una baja de 24 por ciento.
La última vez que el número de asesinatos disminuyó en dos años consecutivos fue en 1999 cuando se registraron 287 casos, lo que contrastó con los años siguientes: en 2006 la cifra aumentó a 427 y en 2008 a 376, el número más bajo desde 2002, cuando hubo 341 asesinatos reportados por la policía.
Desde 2005 los incidentes de crímenes violentos han disminuido en 8.5 por ciento, de acuerdo con el informe anual, indicó la fiscal.
Según Milgram, la reducción obedece a la iniciativa contra la violencia de las pandillas callejeras y los delitos violentos que se puso en marcha hace dos años.
jueves, 3 de septiembre de 2009
Investigan aparición de embarcación similar a las usadas en tráfico de drogas
La Guardia Civil de Alicante investiga la aparición de una embarcación neumática, "similar a las utilizadas en el tráfico de sustancias estupefacientes", que apareció ayer a la deriva a una milla de la Isla de Benidorm (Alicante).
Así lo han asegurado hoy fuentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante, quienes han precisado que se trata de una embarcación zódiac semirrígida de 12 metros de eslora y cuatro motores de 250 caballos cada uno.
Esta embarcación, de la que se ha hecho cargo el Servicio Marítimo del instituto armando, apareció con los "laterales rajados" y "con restos de comida en su interior".
Hasta el momento no se ha realizado ninguna detención, han asegurado las mismas fuentes, quienes han añadido que las investigaciones para esclarecer los hechos continúan abiertas.
Así lo han asegurado hoy fuentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante, quienes han precisado que se trata de una embarcación zódiac semirrígida de 12 metros de eslora y cuatro motores de 250 caballos cada uno.
Esta embarcación, de la que se ha hecho cargo el Servicio Marítimo del instituto armando, apareció con los "laterales rajados" y "con restos de comida en su interior".
Hasta el momento no se ha realizado ninguna detención, han asegurado las mismas fuentes, quienes han añadido que las investigaciones para esclarecer los hechos continúan abiertas.
Masacre de indígenas en el reino colombiano de la coca
Un niño de diez años y un joven de 19, que lograron escapar con tiros en el cuerpo, describieron a los atacantes como "hombres blancos, altos, algunos con bigote, con uniforme de campaña y armas cortas".
En el suelo de la casa quedaron los cuerpos de doce miembros de una misma familia, entre ellos cinco niños y un bebé de sólo ocho meses.
El poblado awá está situado cerca del puerto de Tumaco, en el departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador.
Es una región estratégica para el tráfico de drogas y armas. En Tumaco se vive una de las peores situaciones de violencia y desplazamiento forzado de Colombia.
Sólo durante este año han sido asesinadas 110 personas.
Las bandas emergentes del nuevo paramilitarismo, los Rastrojos y las Aguilas Negras, se disputan las plantaciones de más de 20.000 hectáreas de coca y las rutas de exportación de droga. También está presente la guerrilla. Los indígenas tratan de mantenerse al margen de los enfrentamientos.
Pueblos en vías de extinción
Uno de los líderes de la Organización Nacional Indígena, Evelio Rodríguez, califica de "salvajada" la matanza de Tumaco y la asocia con la situación general de las minorías indígenas en Colombia.
"Es una situación muy crítica, hay 32 pueblos indígenas en vías de extinción donde ya no nos dejan cultivar la tierra y realizar nuestros trabajos tradicionales", subrayó Rodríguez.
"Es una situación muy crítica"
Pero esta situación no es excepcional porque, según afirma el líder de la Organización, "hace dos días, en Córdoba, mataron a un capitán zenú y desaparecieron otros dos. Lo mismo sucede en el Chocó, donde las empresas multinacionales hacen salir a los indígenas de sus territorios para apropiarse de ellos".
Sobre la masacre del miércoles en la reserva de Gran Rosario, todas las hipótesis apuntan a los paramilitares o al propio Ejército. En cualquier caso, las autoridades, empezando por el Gobernador de Nariño, Antonio Navarro, han descartado que fuera la guerrilla de las FARC.
Navarro ha recordado en sus primeras declaraciones que una de las víctimas, Tulia García, ya presenció la muerte de su esposo por hombres del Ejército el pasado 25 de mayo.
Con la muerte del resto de su familia se trataría tanto de provocar el desplazamiento como de acabar con posibles testigos en futuros procesos.
En el suelo de la casa quedaron los cuerpos de doce miembros de una misma familia, entre ellos cinco niños y un bebé de sólo ocho meses.
El poblado awá está situado cerca del puerto de Tumaco, en el departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador.
Es una región estratégica para el tráfico de drogas y armas. En Tumaco se vive una de las peores situaciones de violencia y desplazamiento forzado de Colombia.
Sólo durante este año han sido asesinadas 110 personas.
Las bandas emergentes del nuevo paramilitarismo, los Rastrojos y las Aguilas Negras, se disputan las plantaciones de más de 20.000 hectáreas de coca y las rutas de exportación de droga. También está presente la guerrilla. Los indígenas tratan de mantenerse al margen de los enfrentamientos.
Pueblos en vías de extinción
Uno de los líderes de la Organización Nacional Indígena, Evelio Rodríguez, califica de "salvajada" la matanza de Tumaco y la asocia con la situación general de las minorías indígenas en Colombia.
"Es una situación muy crítica, hay 32 pueblos indígenas en vías de extinción donde ya no nos dejan cultivar la tierra y realizar nuestros trabajos tradicionales", subrayó Rodríguez.
"Es una situación muy crítica"
Pero esta situación no es excepcional porque, según afirma el líder de la Organización, "hace dos días, en Córdoba, mataron a un capitán zenú y desaparecieron otros dos. Lo mismo sucede en el Chocó, donde las empresas multinacionales hacen salir a los indígenas de sus territorios para apropiarse de ellos".
Sobre la masacre del miércoles en la reserva de Gran Rosario, todas las hipótesis apuntan a los paramilitares o al propio Ejército. En cualquier caso, las autoridades, empezando por el Gobernador de Nariño, Antonio Navarro, han descartado que fuera la guerrilla de las FARC.
Navarro ha recordado en sus primeras declaraciones que una de las víctimas, Tulia García, ya presenció la muerte de su esposo por hombres del Ejército el pasado 25 de mayo.
Con la muerte del resto de su familia se trataría tanto de provocar el desplazamiento como de acabar con posibles testigos en futuros procesos.
jueves, 6 de agosto de 2009
El 30% de los violadores siente compasión por sus víctimas.
Sólo el 30 por ciento de los hombres que han cometido una agresión sexual ha sentido compasión por la víctima, según afirmó hoy el presidente de la Red Europea de Defensores del Menor, Javier Urra.
Para Urra, esta falta de "conciencia moral" es más patente en los adolescentes que no se dan cuenta de que lo que han hecho es "imborrable", y creen que la víctima son ellos.
"Falta conciencia moral", ha aseverado Urra, para quien los abusadores "saben distinguir el bien del mal, no son enfermos, y buscan no tanto el placer como el poder".
En una rueda de prensa en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) con motivo de su participación en un curso sobre "Adolescentes y educación", Urra ha sostenido que es necesario enseñar a los jóvenes que "no todo lo que puede ser debe ser" y se ha lamentado de la mala imagen que tienen los adolescentes en la sociedad.
Sobre la posibilidad de que se reforme la Ley del Menor, Urra cree que ésta es "mejorable", pero que, en los términos en que se está planteando la modificación, habrá "más presos, pero no menos delitos", ya que "el problema no es la ley, sino la educación".
El catedrático y director del curso "Adolescentes y educación", Miguel Ángel Santos, ha asegurado que, pese a que hay "una adolescencia magnífica", los medios de comunicación sólo se hacen eco de lo malo, algo que habría que evitar porque esa visión "catastrofista" es incompatible con la educación, que parte de que "el ser humano puede aprender".
Según Santos, los adultos tendrían que ser más "autocríticos" y ahondar en qué está fallando en la educación de un adolescente cuando surge un conflicto, en lugar de limitarse a castigar porque "los valores se aprenden por ósmosis".
La formadora de género y coeducación Elena Simón ha explicado que los mensajes mediáticos y culturales que hacen que las niñas lean revistas y que los niños jueguen a videojuegos violentos llevan a crear adultos "con intereses divergentes", que mantendrán "relaciones sin compromiso, que hacen sufrir mucho".
"Las niñas se olvidan de cómo pueden estar mejor en el mundo y los niños bajan el dintel de lo que es violencia y es así como surgen los conflictos", ha afirmado Simón, para quien la sociedad está "absolutamente sexualizada", incluso en el entorno de niños y niñas "muy pequeños".
Para Urra, esta falta de "conciencia moral" es más patente en los adolescentes que no se dan cuenta de que lo que han hecho es "imborrable", y creen que la víctima son ellos.
"Falta conciencia moral", ha aseverado Urra, para quien los abusadores "saben distinguir el bien del mal, no son enfermos, y buscan no tanto el placer como el poder".
En una rueda de prensa en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) con motivo de su participación en un curso sobre "Adolescentes y educación", Urra ha sostenido que es necesario enseñar a los jóvenes que "no todo lo que puede ser debe ser" y se ha lamentado de la mala imagen que tienen los adolescentes en la sociedad.
Sobre la posibilidad de que se reforme la Ley del Menor, Urra cree que ésta es "mejorable", pero que, en los términos en que se está planteando la modificación, habrá "más presos, pero no menos delitos", ya que "el problema no es la ley, sino la educación".
El catedrático y director del curso "Adolescentes y educación", Miguel Ángel Santos, ha asegurado que, pese a que hay "una adolescencia magnífica", los medios de comunicación sólo se hacen eco de lo malo, algo que habría que evitar porque esa visión "catastrofista" es incompatible con la educación, que parte de que "el ser humano puede aprender".
Según Santos, los adultos tendrían que ser más "autocríticos" y ahondar en qué está fallando en la educación de un adolescente cuando surge un conflicto, en lugar de limitarse a castigar porque "los valores se aprenden por ósmosis".
La formadora de género y coeducación Elena Simón ha explicado que los mensajes mediáticos y culturales que hacen que las niñas lean revistas y que los niños jueguen a videojuegos violentos llevan a crear adultos "con intereses divergentes", que mantendrán "relaciones sin compromiso, que hacen sufrir mucho".
"Las niñas se olvidan de cómo pueden estar mejor en el mundo y los niños bajan el dintel de lo que es violencia y es así como surgen los conflictos", ha afirmado Simón, para quien la sociedad está "absolutamente sexualizada", incluso en el entorno de niños y niñas "muy pequeños".
Taxistas Violadores.
"PGJDF suma 25 detenciones de taxistas violadores".
La Procuraduría capitalina presentó a un conductor de un taxi regular, Fredy Ortega Franco, relacionado con cuatro denuncias por abuso sexual contra pasajeras.
Con la captura de este sujeto suman 25 taxistas detenidos por este delito en lo que va de 2009.
Cabe resaltar que uno de estos taxistas violadores se escapó durante un traslado y luego que supuestamente golpeó al par de agentes que lo custodiaban; hasta ahora no ha sido localizado.
De acuerdo con Juana Camila Bautista, fiscal en Delitos Sexuales de la Procuraduría capitalina, este último detenido fue identificado plenamente por sus víctimas a quienes amenazaba con un picahielo y las ultrajó en diferentes puntos de la ciudad e incluso una de ellas aseguró que la llevó al estado de Morelos donde además de atacarla la retuvo toda la noche.
El taxista de 31 años desviaba al vehículo de la ruta que le indicaban las pasajeras y luego de amenazarlas las sometía y las atacaba sexualmente a bordo de la unidad y no conforme con ello, las despojaba de dinero y objetos de valor .
La captura de este sujeto se debió a que una de las víctimas denunció y proporcionó datos del vehículo como son la matricula 888UVF de un Volkswagen sedan modelo 1998 color rojo con dorado.
La denunciante, una mujer de 20 años. reveló que hace algunos días abordó este taxi por la noche en la colonia Citlalli, perímetro de Iztapalapa, para dirigirse a su trabajo; minutos después fue atacada.
Ortega Franco fue detenido luego de que los agentes judiciales checaron el padrón vehicular de taxis y ubicaron el domicilio del propietario en el barrio de San Lorenzo en Iztapalapa.
En las próximas horas este sujeto será consignado al Reclusorio Oriente donde se deslindará su responsabilidad por el delito de abuso sexual.
En tanto, la fiscal agregó que se mantiene al incidencia de seis a ocho ataques sexuales en taxis cada mes en la Ciudad de México.
lunes, 27 de julio de 2009
Violencia michoacana: diálogo entre Gómez
Uno de los lugares comunes del poder social dominante, para fingir una unidad no afectada por la lucha de clases y de intereses, era definir a la sociedad como "la gran familia mexicana".
La televisión sigue utilizando esa denominación engañosa, que al mismo tiempo encierra el propósito de homogeneizar lo heterogéneo. No es verdad que seamos esa gran familia.
Pero sí lo es que ya tenemos entre nosotros a una Famiglia, en el sentido que se da a las porciones delincuenciales de migrantes italianos en ciudades norteamericanas en siglos pasados. Consciente quizá de esa filiación, la más notoria banda de la criminalidad organizada, surgida en Michoacán hace apenas un par de años, se hace llamar precisamente La Familia.
No es sólo un grupo que corresponda a la definición legal de la delincuencia organizada. Quizá se aproxima en mayor medida a la noción introductoria a su tema utilizada por Salvatore Lupo en su Historia de la mafia, un formidable Breviario del Fondo de Cultura Económica: "Puede referirse a la influencia de lobbies, asociaciones secretas o aparatos estatales desviados; también indica una relación estrecha entre política, negocios y criminalidad; una ilegalidad o corrupción difusa; una mala costumbre hecha de favoritismo, clientelismo, fraude electoral, incapacidad de aplicar la ley en forma imparcial".
La Familia existe probablemente hace mucho tiempo. Su vasta infraestructura, su capacidad de fuego, su eficaz organización no se logran de la noche a la mañana. Resultan de un proceso de acumulación que reclama el paso de los años. Pero su efusión es reciente. Antecedió por pocos días a la declaración de guerra formulada por el gobierno federal en diciembre de 2006, que estableció en Michoacán su primer escenario.
Ya se había conocido la crueldad de esa banda, que introdujo una atroz táctica punitiva, la decapitación de sus víctimas. En una de sus acciones más espectaculares, cinco cabezas fueron arrojadas al centro de un cabaret en Uruapan. Pero no se sabía que hubiera concebido una suerte de declaración de principios. La dio a conocer en vísperas de la asunción del gobierno calderonista. En una táctica que acaso revela filtraciones en el gobierno que apenas estaba por iniciarse, La Familia hizo pagar desplegados en la prensa michoacana el 22 de noviembre de 2006, dos semanas antes de que se lanzara el Operativo Michoacán, que en estos días reúne ya 10 mil efectivos, militares y policiacos, tantos como los que por meses patrullaron Ciudad Juárez sin haber conseguido la erradicación de la violencia y sí irritado a buena parte de la población.
La Familia michoacana proclamó en aquel entonces una exclusividad delincuencial chovinista, aldeana. No se permitiría que bandas criminales llegaran a esa entidad. Quedaba prohibida, por lo tanto, la práctica de delitos graves como el asesinato, el secuestro, la extorsión, robo de camiones de carga y de casas habitación.
La gama de delitos vitandos era tan amplia que incluía la veda de vinos adulterados. "Quizá en este momento la gente no entienda proclamaba el mensaje pagado– pero sabemos que las regiones más afectadas comprenden nuestras acciones, ya que es posible combatir a estos delincuentes".
En complemento, La Familia anunciaba la distribución de despensas en municipios de Tierra Caliente, así como el reparto de "literatura" y la construcción de aulas. La obra material se ha cumplido, con notable mejoría de los sistemas de riego y de almacenamiento de productos agropecuarios, como concreción de esta voluntad al mismo tiempo munífica y destructora.
A despecho de la ofensiva en su contra,
La Familia ha prosperado, y ha extendido sus operaciones a otras entidades, sobre todo el Estado de México. Su combate violento a otras bandas ha caracterizado el paisaje social en no pocas poblaciones michoacanas. Para batir su poder político, y aunque fuera obrando a tientas, el gobierno federal apresó a fines de mayo a decenas de alcaldes y funcionarios municipales y del estado, por sus vínculos con esa organización que, en otro episodio cruento de los días michoacanos que corren, no sólo se deslindó del atentado contra la población civil en la Noche del Grito pasada, sino que puso a disposición de las autoridades a los presuntos autores del irracional ataque.
La semana pasada (en que también se supo que un hermano del gobernador Leonel Godoy, elegido diputado federal apenas el 5 de julio, iba a ser aprehendido) La Familiadio dos pasos adelante que significan un vuelco en su desarrollo. Hasta ese momento, con algunas excepciones, su capacidad de fuego se había dirigido a contener y aun destruir a las bandas rivales. El viernes 10 tuvo lugar uno de esos episodios. Pero a partir del día siguiente el blanco de la energía letal de
La Familia fue la policía federal, culpable de haber detenido a Arnoldo Rueda, que lleva el extraño mote de La Minsa. No se sabe si pretendieron rescatarlo o asesinarlo, en cualquier caso para evitar que hiciera revelaciones. En operaciones simultáneas fueron atacadas instalaciones de ese cuerpo (hasta seis en un día y hasta ocho en otro) al que se le asestaría después un golpazo brutal: 12 de sus miembros fueron asesinados con sevicia, previa tortura igualmente cruel, en castigo por haberse infiltrado en las filas de la banda, en sus funciones de agentes de inteligencia.
Encarado así el poder del estado, La Familia quiso colocarse al tú por tú frente al gobierno. Uno de sus jefes, Servando Gómez, apodado La Tuta, simplemente tomó el teléfono y a través de un programa local de televisión, al mismo tiempo que rindió parias al presidente de la República, le ofreció pactar la paz en Michoacán, después de un diálogo al que lo convidaba. Incluyó en su oferta una denuncia, surgida antes desde diversas fuentes, pero jamás escuchada, contra el secretario Genaro García Luna, culpable al menos de la desorganización de las fuerzas policiacas a sus órdenes, según testimonio de sus propios subalternos, a quienes se lanza a una guerra sin bastimentos ni convicción.
Con ingenuidad asombrosa, el secretario de Gobernación entabló esa misma noche, con la apariencia de lo contrario, un diálogo con su tocayo, de Gómez a Gómez. Fernando Gómez Mont, sin asegurarse de que su presunto interlocutor, Servando Gómez, era en realidad quien dijo ser, le confirió personalidad al dar por recibida su propuesta y negar que hubiera posibilidad alguna de pacto. De haberla, pensamos por nuestra parte, no se expresaría a los cuatro vientos sino con el sigilo con que tal vez antaño se procedía.
Luego de esos lances llegaron refuerzos a Michoacán. No es seguro que el curso de los acontecimientos se modifique con más tropas. Hace falta desplegar otras tácticas contra la delincuencia organizada, sobre todo obturando los canales por las que hacen entrar al circuito legal sus dineros mal habidos. Y sobre todo aplicando una política social que haga al Estado competidor eficaz de esos benefactores malévolos que forman La Familia.
La televisión sigue utilizando esa denominación engañosa, que al mismo tiempo encierra el propósito de homogeneizar lo heterogéneo. No es verdad que seamos esa gran familia.
Pero sí lo es que ya tenemos entre nosotros a una Famiglia, en el sentido que se da a las porciones delincuenciales de migrantes italianos en ciudades norteamericanas en siglos pasados. Consciente quizá de esa filiación, la más notoria banda de la criminalidad organizada, surgida en Michoacán hace apenas un par de años, se hace llamar precisamente La Familia.
No es sólo un grupo que corresponda a la definición legal de la delincuencia organizada. Quizá se aproxima en mayor medida a la noción introductoria a su tema utilizada por Salvatore Lupo en su Historia de la mafia, un formidable Breviario del Fondo de Cultura Económica: "Puede referirse a la influencia de lobbies, asociaciones secretas o aparatos estatales desviados; también indica una relación estrecha entre política, negocios y criminalidad; una ilegalidad o corrupción difusa; una mala costumbre hecha de favoritismo, clientelismo, fraude electoral, incapacidad de aplicar la ley en forma imparcial".
La Familia existe probablemente hace mucho tiempo. Su vasta infraestructura, su capacidad de fuego, su eficaz organización no se logran de la noche a la mañana. Resultan de un proceso de acumulación que reclama el paso de los años. Pero su efusión es reciente. Antecedió por pocos días a la declaración de guerra formulada por el gobierno federal en diciembre de 2006, que estableció en Michoacán su primer escenario.
Ya se había conocido la crueldad de esa banda, que introdujo una atroz táctica punitiva, la decapitación de sus víctimas. En una de sus acciones más espectaculares, cinco cabezas fueron arrojadas al centro de un cabaret en Uruapan. Pero no se sabía que hubiera concebido una suerte de declaración de principios. La dio a conocer en vísperas de la asunción del gobierno calderonista. En una táctica que acaso revela filtraciones en el gobierno que apenas estaba por iniciarse, La Familia hizo pagar desplegados en la prensa michoacana el 22 de noviembre de 2006, dos semanas antes de que se lanzara el Operativo Michoacán, que en estos días reúne ya 10 mil efectivos, militares y policiacos, tantos como los que por meses patrullaron Ciudad Juárez sin haber conseguido la erradicación de la violencia y sí irritado a buena parte de la población.
La Familia michoacana proclamó en aquel entonces una exclusividad delincuencial chovinista, aldeana. No se permitiría que bandas criminales llegaran a esa entidad. Quedaba prohibida, por lo tanto, la práctica de delitos graves como el asesinato, el secuestro, la extorsión, robo de camiones de carga y de casas habitación.
La gama de delitos vitandos era tan amplia que incluía la veda de vinos adulterados. "Quizá en este momento la gente no entienda proclamaba el mensaje pagado– pero sabemos que las regiones más afectadas comprenden nuestras acciones, ya que es posible combatir a estos delincuentes".
En complemento, La Familia anunciaba la distribución de despensas en municipios de Tierra Caliente, así como el reparto de "literatura" y la construcción de aulas. La obra material se ha cumplido, con notable mejoría de los sistemas de riego y de almacenamiento de productos agropecuarios, como concreción de esta voluntad al mismo tiempo munífica y destructora.
A despecho de la ofensiva en su contra,
La Familia ha prosperado, y ha extendido sus operaciones a otras entidades, sobre todo el Estado de México. Su combate violento a otras bandas ha caracterizado el paisaje social en no pocas poblaciones michoacanas. Para batir su poder político, y aunque fuera obrando a tientas, el gobierno federal apresó a fines de mayo a decenas de alcaldes y funcionarios municipales y del estado, por sus vínculos con esa organización que, en otro episodio cruento de los días michoacanos que corren, no sólo se deslindó del atentado contra la población civil en la Noche del Grito pasada, sino que puso a disposición de las autoridades a los presuntos autores del irracional ataque.
La semana pasada (en que también se supo que un hermano del gobernador Leonel Godoy, elegido diputado federal apenas el 5 de julio, iba a ser aprehendido) La Familiadio dos pasos adelante que significan un vuelco en su desarrollo. Hasta ese momento, con algunas excepciones, su capacidad de fuego se había dirigido a contener y aun destruir a las bandas rivales. El viernes 10 tuvo lugar uno de esos episodios. Pero a partir del día siguiente el blanco de la energía letal de
La Familia fue la policía federal, culpable de haber detenido a Arnoldo Rueda, que lleva el extraño mote de La Minsa. No se sabe si pretendieron rescatarlo o asesinarlo, en cualquier caso para evitar que hiciera revelaciones. En operaciones simultáneas fueron atacadas instalaciones de ese cuerpo (hasta seis en un día y hasta ocho en otro) al que se le asestaría después un golpazo brutal: 12 de sus miembros fueron asesinados con sevicia, previa tortura igualmente cruel, en castigo por haberse infiltrado en las filas de la banda, en sus funciones de agentes de inteligencia.
Encarado así el poder del estado, La Familia quiso colocarse al tú por tú frente al gobierno. Uno de sus jefes, Servando Gómez, apodado La Tuta, simplemente tomó el teléfono y a través de un programa local de televisión, al mismo tiempo que rindió parias al presidente de la República, le ofreció pactar la paz en Michoacán, después de un diálogo al que lo convidaba. Incluyó en su oferta una denuncia, surgida antes desde diversas fuentes, pero jamás escuchada, contra el secretario Genaro García Luna, culpable al menos de la desorganización de las fuerzas policiacas a sus órdenes, según testimonio de sus propios subalternos, a quienes se lanza a una guerra sin bastimentos ni convicción.
Con ingenuidad asombrosa, el secretario de Gobernación entabló esa misma noche, con la apariencia de lo contrario, un diálogo con su tocayo, de Gómez a Gómez. Fernando Gómez Mont, sin asegurarse de que su presunto interlocutor, Servando Gómez, era en realidad quien dijo ser, le confirió personalidad al dar por recibida su propuesta y negar que hubiera posibilidad alguna de pacto. De haberla, pensamos por nuestra parte, no se expresaría a los cuatro vientos sino con el sigilo con que tal vez antaño se procedía.
Luego de esos lances llegaron refuerzos a Michoacán. No es seguro que el curso de los acontecimientos se modifique con más tropas. Hace falta desplegar otras tácticas contra la delincuencia organizada, sobre todo obturando los canales por las que hacen entrar al circuito legal sus dineros mal habidos. Y sobre todo aplicando una política social que haga al Estado competidor eficaz de esos benefactores malévolos que forman La Familia.
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