Esclavas del sexo y del desamparo en Guatemala

La oficina del Defensor del Pueblo denuncia la impunidad de las mafias que explotan a las mujeres.

Guatemala, como país de paso obligado para los emigrantes que pretenden llegar clandestinamente a Estados Unidos, se ha convertido en un lugar privilegiado para la explotación sexual de mujeres. Muchas de ellas son adolescentes de 12 o 13 años, engañadas en sus países de origen (El Salvador, Honduras y Nicaragua, mayoritariamente), donde se les ofrecen trabajos como empleadas domésticas o dependientas de comercio, para luego, lejos de sus familias, ser obligadas a ejercer la prostitución en bares y burdeles.
Así lo denunció el martes la oficina del Defensor del Pueblo guatemalteco. En una conferencia de prensa convocada con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y Trata de Mujeres, Niñas y Niños, la defensora de los Derechos de la Mujer, Ana Gladys Ollas, señaló que se trata de un negocio sumamente lucrativo y "con escasos riesgos para las organizaciones que lo realizan". Puntualizó que en este país existen escasos registros sobre el número de mujeres, niñas, niños y adolescentes que son explotados sexualmente, "pero la condición geográfica de un país de tránsito y origen de migrantes" lo hace muy vulnerable al negocio de la trata de personas, "especialmente en la explotación sexual".
A este respecto, Ollas cita un estudio de la Asociación para la Eliminación de la Prostitución, Pornografía y Tráfico Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes de Guatemala, según el cual "el 70% de las mujeres que son explotadas en prostíbulos de la Ciudad de Guatemala se ubican entre los 13 y los 25 años de edad", y subraya que un 63% de las mismas son originarias de El Salvador, Honduras y Nicaragua. "El 16% de las víctimas se inició antes de los 18 años, y algunas de ellas, desde los 12", señaló.
La pobreza y la hambruna son las causas últimas de esta lacra. "La mayoría de las personas que son sometidas a la trata sexual son mujeres, niñas y adolescentes, lo que revela contradicciones por razones de sexo, raza y baja condición económica, extremo que constituye una grave violación de los derechos humanos de las víctimas", se lee en un comunicado de prensa de la oficina del Defensor del Pueblo.
La vulnerabilidad de las víctimas llega a tal extremo que ni siquiera hay estadísticas oficiales. Un estudio del Programa Conjunto de Naciones Unidas para el VIH y Sida (Onusida) estima en 35.000 el número de mujeres víctimas de la explotación sexual. Unas 8.000 se encuentran en la Ciudad de Guatemala, donde 2.000 son menores de edad, de acuerdo a la estimación del organismo mundial. Pero es en las provincias y ciudades fronterizas, particularmente con México, donde se registra el mayor nivel de incidencia.

El desamparo de estas esclavas sexuales llega a tal extremo que la policía, lejos de perseguir a los proxenetas, castiga a sus víctimas y comete toda clase de tropelías, como las deportaciones masivas o su mantenimiento en prisión durante largos periodos de tiempo, sin acceso alguno a la justicia.
"La policía abusa, en una mala interpretación de la ley. Hay operativos claramente violatorios de los derechos humanos, y deportaciones masivas de extranjeras, después de mantenerlas hasta tres semanas detenidas en condiciones infrahumanas y sin acceso a tribunales o a un defensor", puntualiza Karina Ortega, directora de la Asociación de Salud Integral para las Prostitutas, quien añade que las autoridades "se ceban en contra de las mujeres y dejan impunes a los proxenetas".
Ortega lamenta que en Guatemala no exista un albergue para proteger a las víctimas. "Si no hay nada parecido para atender a las menores de edad, el abandono para quienes ya superan los 18 años es total". Agrega que su organización trabaja en la celebración de talleres para que las prostitutas conozcan la legislación y su correcta interpretación.
Todo lo anterior se agrava por la ausencia de denuncias, una conducta que Ortega explica por "la cultura del silencio" que mantienen las mujeres centroamericanas, secularmente maltratadas, y un miedo paralizante a ser víctimas de represalias, "porque los dueños y encargados de los prostíbulos mantienen una vinculación muy estrecha con algunos jefes de la policía".

Detenidas en Murcia y Alicante 20 personas que traficaban con drogas

La Policía ha detenido en las provincias de Murcia y Alicante a una veintena de personas que integraban un grupo dedicado al tráfico y distribución de drogas en la Región, a los que se les han incautado nueve kilos de cocaína procedentes de Colombia que estaban destinados a la venta en localidades murcianas.
El portavoz de este cuerpo, Javier de Pedro, ha explicado hoy en rueda de prensa que el grupo disponía de una infraestructura adecuada para introducir y distribuir importantes cantidades de droga en la Región y que, en el momento de la operación policial, sus integrante preparaban la importación de un envío de cocaína desde Sudamérica.
La operación, a cargo de la brigada provincial de la Policía Judicial, comenzó hace varios meses y se saldó, entre los días 12 y 16 de septiembre, con la detención de 20 personas, 18 de ellas de nacionalidad española y dos de ellos colombianos, a los que se les imputan delitos de tráfico de drogas, asociación ilícita y tenencia ilícita de armas.
Las detenciones y los registros correspondientes se realizaron en Murcia y en las localidades alicantinas de Elda y Villena.
Los agentes identificaron como líder de este grupo a un hombre, que responde a las iniciales R.P.M., de 31 años y nacionalidad española.
En el transcurso de la operación, los agentes interceptaron una transacción de estupefacientes entre dos de los integrantes de la organización, e incautaron siete paquetes que contenían 1.180 gramos de cocaína cada uno.
Posteriormente, los agentes realizaron siete registros en diversos domicilios en los que se incautaron 1.800 gramos más de cocaína, 300 gramos de "speed", ocho vehículos, una escopeta de repetición del calibre 12, un rifle del calibre 22, una ballesta y una pistola eléctrica.
Además, se intervinieron útiles empleados para la elaboración y manipulación de la cocaína, como balanzas de precisión, molinillos, selladoras y un gato hidraúlico.
El delegado del gobierno en Murcia, Rafael González Tovar, ha felicitado a la brigada de la policía judicial por su actuación y ha destacado que la droga incautada supondría en el mercado de 71.500 dosis que alcanzarían un valor de 1,2 millones de euros.

Aumentan violaciones y odio racial

Nueva Jersey experimentó una reducción en los crímenes violentos y homicidios en 2008, pero hubo un alza en las violaciones sexuales y los delitos por motivos raciales, informó la fiscal general del estado, Anne Milgram.
De acuerdo con el Informe anual de Delincuencia 2008, los delitos violentos reflejaron una merma de uno por ciento y continúa la misma tendencia por séptimo año consecutivo.
La baja ocurrió en once de los 21 condados del estado: Atlantic, Bergen, Cape May, Cumberland, Hudson, Hunterdon, Mercer, Morris, Passaaic, Salem y Warren.
Mientras, los homicidios también disminuyeron uno por ciento, tendencia que se repite por segundo año consecutivo y la más baja desde 2002, según señaló Milgram en comunicado de prensa.
Destacó igualmente que en la primera mitad de este año se ha reducido el porcentaje de homicidios en Nueva Jersey, donde en los primeros seis meses se han registrado 158 casos, comparado con 209 durante el mismo periodo en 2008, para una baja de 24 por ciento.
La última vez que el número de asesinatos disminuyó en dos años consecutivos fue en 1999 cuando se registraron 287 casos, lo que contrastó con los años siguientes: en 2006 la cifra aumentó a 427 y en 2008 a 376, el número más bajo desde 2002, cuando hubo 341 asesinatos reportados por la policía.
Desde 2005 los incidentes de crímenes violentos han disminuido en 8.5 por ciento, de acuerdo con el informe anual, indicó la fiscal.
Según Milgram, la reducción obedece a la iniciativa contra la violencia de las pandillas callejeras y los delitos violentos que se puso en marcha hace dos años.

Investigan aparición de embarcación similar a las usadas en tráfico de drogas

La Guardia Civil de Alicante investiga la aparición de una embarcación neumática, "similar a las utilizadas en el tráfico de sustancias estupefacientes", que apareció ayer a la deriva a una milla de la Isla de Benidorm (Alicante).
Así lo han asegurado hoy fuentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante, quienes han precisado que se trata de una embarcación zódiac semirrígida de 12 metros de eslora y cuatro motores de 250 caballos cada uno.
Esta embarcación, de la que se ha hecho cargo el Servicio Marítimo del instituto armando, apareció con los "laterales rajados" y "con restos de comida en su interior".
Hasta el momento no se ha realizado ninguna detención, han asegurado las mismas fuentes, quienes han añadido que las investigaciones para esclarecer los hechos continúan abiertas.

Masacre de indígenas en el reino colombiano de la coca

Un niño de diez años y un joven de 19, que lograron escapar con tiros en el cuerpo, describieron a los atacantes como "hombres blancos, altos, algunos con bigote, con uniforme de campaña y armas cortas".
En el suelo de la casa quedaron los cuerpos de doce miembros de una misma familia, entre ellos cinco niños y un bebé de sólo ocho meses.
El poblado awá está situado cerca del puerto de Tumaco, en el departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador.
Es una región estratégica para el tráfico de drogas y armas. En Tumaco se vive una de las peores situaciones de violencia y desplazamiento forzado de Colombia.
Sólo durante este año han sido asesinadas 110 personas.
Las bandas emergentes del nuevo paramilitarismo, los Rastrojos y las Aguilas Negras, se disputan las plantaciones de más de 20.000 hectáreas de coca y las rutas de exportación de droga. También está presente la guerrilla. Los indígenas tratan de mantenerse al margen de los enfrentamientos.

Pueblos en vías de extinción

Uno de los líderes de la Organización Nacional Indígena, Evelio Rodríguez, califica de "salvajada" la matanza de Tumaco y la asocia con la situación general de las minorías indígenas en Colombia.
"Es una situación muy crítica, hay 32 pueblos indígenas en vías de extinción donde ya no nos dejan cultivar la tierra y realizar nuestros trabajos tradicionales", subrayó Rodríguez.

"Es una situación muy crítica"

Pero esta situación no es excepcional porque, según afirma el líder de la Organización, "hace dos días, en Córdoba, mataron a un capitán zenú y desaparecieron otros dos. Lo mismo sucede en el Chocó, donde las empresas multinacionales hacen salir a los indígenas de sus territorios para apropiarse de ellos".
Sobre la masacre del miércoles en la reserva de Gran Rosario, todas las hipótesis apuntan a los paramilitares o al propio Ejército. En cualquier caso, las autoridades, empezando por el Gobernador de Nariño, Antonio Navarro, han descartado que fuera la guerrilla de las FARC.
Navarro ha recordado en sus primeras declaraciones que una de las víctimas, Tulia García, ya presenció la muerte de su esposo por hombres del Ejército el pasado 25 de mayo.
Con la muerte del resto de su familia se trataría tanto de provocar el desplazamiento como de acabar con posibles testigos en futuros procesos.